Máster en Economía
Ex Ministro de Economía y Finanzas
Analista Económico, Académico e Investigador
El año 2020 la economía ecuatoriana va a decrecer entre el 6% y el 7% según algunas fuentes de información como el FMI, la firma Goldman Sachs, entre otras. Algunos escenarios más pesimistas apuntan a una caída entre el 10% y el 12%. De cualquier forma, esto significa la mayor crisis económica, unida a la sanitaria, de la historia republicana del país. Es una crisis atípica y hasta anómala que se podría denominar de “cantidad”, pues cae la producción u oferta, al mismo tiempo se reduce la demanda que venía experimentado un comportamiento contractivo y, como resultado de esto, lamentablemente el desempleo y el subempleo van a subir con sus secuelas en términos de inseguridad ciudadana y pobreza.
Lo sucedido en 1999 fue más una crisis de precios, la inflación se disparó, el tipo de cambio se depreció aceleradamente, las tasas de interés crecieron sobre los 3 dígitos. En aquellos años los factores que detonaron esos resultados fueron la crisis bancaria, la baja de precio del petróleo, el debilitamiento de las cuentas públicas, entre los principales.
El problema económico actual se acentúa con la pandemia, pues el país ya vivía un serio problema de estancamiento económico por un período de aproximadamente 4 años, un profundo déficit fiscal derivado de un tamaño del estado que se duplicó en la última década, las cuentas externas débiles expresadas en saldos comerciales positivos pero pequeños y una alta dependencia del financiamiento externo, las principales reformas económicas no ejecutadas como la inherente a la seguridad social, sector laboral, el ámbito tributario, el sector financiero, entre otras, sin reservas internacionales adecuadas luego del desatinado. ilegal y antitécnico uso de las mismas para prestarle liquidez al gobierno anterior, sin ahorros fiscales consecuencia de la propia política fiscal procíclica, todo lo cual desencadenó en un país con el segundo riesgo más alto de la región, una inversión extranjera marginal y un desempleo y subempleo superior al 60% de la población económicamente activa.
Esta realidad económica ahora complicada con el costo de la crisis sanitaria, demandará recursos no menores a los USD 10 mil millones. Esta cifra cercana al 10% del PIB provendría de decisiones internas y externas. Entre las primeras está el reordenamiento de las cuentas públicas para redireccionar recursos de actividades no prioritarias a las urgentes y necesarias. Entre éstas acciones se deberían incorporar decisiones que permitan reducir el gasto en sueldos y salarios, rubro que podría producirse sin necesariamente retirar funcionarios públicos sino reduciendo, por ejemplo, el número de horas de trabajo para que las remuneraciones se acoplen a la nueva jornada laboral. Otra acción que es fundamental es eliminar aquellos subsidios que no cumplen los requisitos de ser focalizados, temporales, explícitamente presupuestados así como aquellos que no generan distorsiones o externalidades negativas en otros sectores. Este es el caso de eliminar el subsidio a la gasolina y diesel y reemplazarlo por uno al transporte público. Es importante señalar que aquellas instituciones fuera de la esfera del gobierno central como entidades públicas (IESS, Petroecuador, etc), gobiernos autónomos descentralizados, banca pública, instituciones de control (Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, superintendencias, etc), también requieren de un serio ajuste de gastos.
“Es fundamental eliminar aquellos subsidios que no cumplen los requisitos de ser focalizados, temporales, explícitamente presupuestados así como aquellos que no generan distorsiones o externalidades negativas en otros sectores”
Estas acciones de reducir el gasto público están prácticamente reducidas a ahorrar fondos para poder alimentar los gastos afectados a la crisis sanitaria y también económica, es decir, infraestructura e insumos médicos y hospitalarios, subsidios de liquidez a los sectores pobres y de desempleados, financiamiento a empresas de diverso tamaño que necesita el apoyo estatal, entre múltiples necesidades.
Se debe reemplazar de forma amigable un esquema de cambio de la estructura de la deuda pública, en especial la externa, obteniendo al menos 2 o 3 años de gracia para el pago del capital e intereses, prolongar los plazos de pago, obtener una quita del capital de la misma o alguna combinación que baje el costo del servicio de las obligaciones externas. De esta manera, se liberarían recursos adicionales para la crisis. Estas medidas evidencian que tienen la única fuente de liquidez es el financiamiento del exterior, pues debe presentar el comportamiento de las exportaciones es desfavorable, tanto en las ventas de petróleo como en las de productos no petroleros. La inversión extranjera, por su parte, ha sido muy pequeña en los últimos años, circunstancia que se complicará aún más en las últimas circunstancias.
Es esencial y básico buscar financiamiento externo con entidades multilaterales como el FMI, Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, entre otras, en magnitudes de riesgo que acuerdan liquidez a la economía y afectados aminorar el impacto de la crisis. El Ecuador no es visto como un país pobre, en especial por el ingreso percápita superior a los USD 6,000 anuales. Esto le ha imposibilitado acceder a recursos especiales destinados a este tipo de países. Sin embargo, el país se encuentra en una franca amenazas y debilidad por no poder atender este tipo de choques externos por no tener reservas internacionales ni ahorros, no tener espacios fiscales para destinar fondos para la crisis, no puede ni depreciar ni imprimir moneda por estar dolarizado, así como tampoco pueden acceder al financiamiento comercial del exterior por el elevado riesgo país.
Otra fuente de financiamiento son los gobiernos extranjeros. En los últimos meses sigue siendo una alternativa el gobierno chino y sus bancos de desarrollo, los que bien pueden aportar una cifra no menor a los USD 2.000 millones.
Esta cruda realidad requiere el concurso de todos de forma equitativa y balanceada. Empleadores y trabajadores, gobierno y sector privado, banqueros y clientes, deben apoyar y ceder posiciones. No puede aceptar que en circunstancias tan difíciles, sin implicar con ello que no han existido errores del gobierno, existan sectores que pueden modificar su interés particular o definir su metro cuadrado. Esta situación necesita que todos los actores económicos, sociales y políticos actúen coordinadamente y sin miramientos sectoriales o personales, para abonar a la solución de la crisis.
La magnitud de la crisis implica que es imposible aplicar la normativa vigente, por ejemplo, en las relaciones laborales. Un porcentaje mayoritario de empresas no están vendiendo, no tienen liquidez, por lo que tratan de liquidar trabajadores indemnizando en base a la normativa actual, se torna imposible en la práctica.
Por tal razón, es esencial que el acuerdo entre las partes sea el mecanismo de solución a las relaciones trabajadores empleadores, caso contrario, este tema no será superable. Bajar la jornada laboral puede también ayudar a evitar despidos masivos o adaptar la operación de las empresas a las características actuales de la economía.
Hay que reconocer que el gobierno ha cometido varios errores y de diversa índole. Se ha apreciado demora en la adopción de determinadas decisiones, la profundidad de las mismas muchas veces se ha quedado corta. La fuerza política del régimen es muy débil y la aceptación ciudadana del gobierno también es muy marginal.
Sin embargo, todos los días fallecen personas, muchos compatriotas pierden su empleo y múltiples empresas cierran sus puertas. Las necesidades ciudadanas son a diario y las demandas fiscales también son de todos los días. No obstante, es común escuchar “propuestas” que adolecen de los más elementales principios de un adecuado manejo económico. En este ámbito está, por ejemplo, la sugerencia que el Banco Central utilice la supuesta liquidez que tiene en las reservas internacionales para atender los gastos derivados de la crisis. Esto es una barbaridad técnica desde muchos ángulos que se analice, pues por un lado no se puede porque los recursos de las reservas deben cubrir todos los pasivos exigibles y, ahora ni siquiera cubren los depósitos del encaje bancario. En segundo lugar, son fondos que no son propiedad del gobierno sino de la ciudadanía que depositó sus recursos en el sistema financiero. Tercero, la liquidez tampoco es suficiente, pues el monto de la misma como se indicó es totalmente marginal para atender las cifras del pasivo exigible del Banco Central. A marzo 2020, los pasivos exigibles eran de aproximadamente USD 9.000 millones mientras las reservas llegan a alrededor de USD 2.000 millones, mostrando un descalce aproximado de USD 7.000 millones. Finalmente, en dolarización el BCE no puede tampoco prestarle al gobierno, a menos que invierta en papeles una vez cubiertos todos los pasivos.
La crisis del país demanda acciones de orden interno como las anotadas y aquellas que impliquen traer mayor liquidez a la economía como las mencionadas. Sin embargo, un factor esencial es una suerte de tregua política que permita aminorar los embates del problema sanitario y económico. Es necesario un período donde prime la sensatez, que los actores políticos, gremiales, sociales, dejen de lado sus posiciones e intereses en aras de buscar una solución para el país. Cualquier gobierno que tome posesión en mayo 2021 le va a convenir recibir un país con dificultades pero encarrilado y con una economía que esté operativa. La mezquindad y la insensatez profundizarán la crisis y postergarán la recuperación económica.