¿Cuál es el verdadero riesgo y/o desastre que debemos dimensionar en el Ecuador?

Por Cristopher Velasco

Especialista de Sostenibilidad y Planificación Territorial.

La historia que nos han contado parecería fue inconclusa, pues ahora somos vulnerables a nuestra misma creación. Es que en cada crisis o desastre lo mejor es buscar un culpable, y hasta ahora siempre acabo siendo: la naturaleza, el castigo divino, los malos gobiernos; pero casi nunca es nuestra responsabilidad individual o colectiva.

Cotidianamente construimos o reproducimos factores sociales (violencias, discriminación, guerras, corrupción, etc.), económicos (mercantilización de la naturaleza, tercerización laboral, privilegios tributarios a los oligopolios, etc.), ambientales (sobre explotación de los recursos no renovables, degradación de ecosistemas marinos y terrestres, perdida de la biodiversidad, etc.). Y aún así socialmente nos preguntamos ¿Qué pasó?

Pasó que una pandemia nos hizo más vulnerables a todos y todas, sin distinción de raza, nacionalidad o riqueza. Nos pausó, o pausó a la realidad que construimos socialmente, la del consumo, la indeferencia, la despolitización y el anhelado “estado de bienestar”, producto del crecimiento económico. Es que socialmente acabamos permitiendo que el estatus sea más que la identidad, que la clase sea el imaginario que perpetúa la discriminación, y que las brechas económicas no se consideren producto de la acumulación.

Entonces, para no hablar de memoria sobre los riesgos, debemos comprender las dinámicas ambientales, económicas, políticas y sociales que configuran un territorio, puesto que el riesgo no es un factor aislado de nuestros modelos de desarrollo, gestión política y comportamiento social.

Claro está, que esta pandemia develó a profundidad las vulnerabilidades estructurales de nuestras sociedades, las deficiencias de diversas instituciones de los Estados para garantizar los derechos humanos, la exclusión social, y la condición de pobreza y miseria, producto de la aceptada teoría del libre mercado. Es que debemos interiorizar que los desastres o las crisis no son naturales, son resultado de la aceptación de un modelo hegemónico de desarrollo.

Y es que pandemias, como humanidad, hemos tenido muchas, lo que pasa es que socialmente nos hemos dejado llevar por la tendencia en el camino. Introducir este aspecto socio político es clave, pues quizá pueda ayudarnos a entender que los riesgos son una construcción social, y no asunto natural o castigo divino.

Antes de que algún “experto” me cuestione, no estoy diciendo que el COVID 19 lo creamos los seres humanos, por que insisto, las teorías para buscar culpables son muchas; estoy diciendo que, como humanidad, desde la conciencia o inconciencia, vamos construyendo diariamente factores que consolidan escenarios que configuran grandes crisis y desastres.

Prueba de ello es que una pandemia, denominada COVID 19, ha paralizado a la humanidad y nos ha envuelto en un panorama de incertidumbre y desesperación global. Y es que el temor es generalizado y la capacidad de asistir a las poblaciones se ha imposibilitado. Quizá hicimos una visión lineal del futuro, priorizando el crecimiento económico, y nos sentimos inmortales en un libre mercado, fundamentado en la capacidad adquisitiva para el consumo, sin importar la condición socio económica y socio cultural de nuestros pueblos.

Sucede que si bien el COVID 19, para muchos solo es un problema de salud pública, no comprendemos que este problema sanitario se exacerba con vulnerabilidades estructurales preexistentes. Por lo tanto, no solo se trata de la capacidad del sistema de salud pública y privada, sino de los recursos que existen y que se priorizan; tampoco se trata solamente de que la gente por “inconsciente” no se queda en casa, sino de cuántos son los millones de personas sin vivienda y qué millares están sin techo.

Bajo esta perspectiva, la pandemia del COVID 19 se dimensiona como una “guerra” contra algo invisible, con algo que no neutralizas o controlas fácilmente, pues somos nosotros, todas y todos, quienes la podemos portar, contagiar o fenecer con este virus. Quizá el mayor temor es dimensionar a ciencia cierta si estamos frente a un potencial extermino de un porcentaje significativo de la humanidad.

A la fecha (3 de mayo de 2020), la Organización Mundial de la Salud registra, en el continente americano, alrededor de un millón cuatrocientos mil personas contagiadas por COVID 19, cifra que seguramente aumentará a medida que los diferentes países incrementen su capacidad de diagnostico.

En cuestión está la cifra que refleja la Organización Panamericana de Salud, respecto al número de muertos en el continente, que asciende aproximadamente a ochenta mil muertos; esto debido a que en algunos países existen algunas inconsistencias con los registros de las defunciones que remiten los Ministerios de Salud Pública para consolidar esta cifra (corte 3-05-2020, OPS).

En el Ecuador, de acuerdo el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional), a corte de 3 mayo de 2020, existen reportados como casos confirmados COVID 19, treinta y dos mil ochocientos noventa y nueve (32.899), y mil quinientas sesenta y cuatro (1.564) personas fallecidas, siendo la provincia de Guayas la que reporta alrededor del 40% de los casos confirmados y la provincia con el mayor número de muertes registradas.

Hasta ahí la historia parecería no ser tan distinta del contexto regional y global. Sin embargo, empieza a notarse una diferencia cuando las decisiones de nuestro Gobierno complejizan el escenario del COVID 19, pues somos el único país en la región que prefirió cancelar el pago de la deuda externa antes que inyectar recursos para gestionar la crisis. Este es un hecho que requiere analizarse y cuestionarse profundamente como sociedad.

“La atención del Gobierno, en la primera fase de la emergencia sanitaria, no evidencia necesariamente la planificación de la emergencia, sino su preocupación por el déficit fiscal preexistente en el Estado. “

A esto se suma otros sucesos: la estrategia de comunicación institucional del Gobierno se fijó en generar cadenas nacionales que presentaban cifras con un nivel de imprecisión importante; las vocerías tenían criterios contrapuestos; la renuncia de una ministra de salud en medio de declaraciones que manifiestan no haberse destinado los recursos suficientes para fortalecer el sistema de salud pública; y las denuncias de actos de corrupción por el sobreprecio de insumos médicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otros hospitales como el Eugenio Espejo.

Liderazgos de autoridades locales han puesto en evidencia la desarticulación del COE Nacional con el COE provincial y COE Cantonal; y otros sucesos como los muertos en las aceras en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, el cierre de la pista del aeropuerto de Guayaquil, y otras situaciones como la vulneración de derechos por parte de la fuerza pública a la población, además de declaraciones públicas de las y los prefectos que no son considerados en las decisiones de los COE Provinciales. Todo esto ha generado mayor incertidumbre y zozobra por parte de la población.

La gestión de la emergencia desde el COE Nacional cuestionaba el comportamiento social de nuestra gente en el país, quizá porque se pensaba que podría ser homogéneo para toda la población. Pero no es así, porque las brechas sociales y económicas no son las mismas; millones de ecuatorianos viven del comercio informal, no cuentan con una vivienda digna, no tienen aseguramiento social y conviven en condición de hacinamiento. Quedarse en casa para millones no es tan sencillo. Todo esto se debía haber considerado para que tomemos medidas diferenciadas de control territorial. Con la identificación de las vulnerabilidades estructurales que podría incrementar el riesgo de contagio del virus, se podía haber hecho una caracterización socio económica y socio espacial que nos permita priorizar la intervención por sectores, diseñar mecanismos de referencia y contrareferencia de servicios de salud pública, y aplicar un muestreo aleatorio para la toma de muestras, que posibilite delimitar de mejor forma los cercos epidemiológicos, entre otras acciones.

La atención del Gobierno, en la primera fase de la emergencia sanitaria, no evidencia necesariamente la planificación de la emergencia, sino su preocupación por el déficit fiscal preexistente en el Estado. Esto, sumado a la baja del barril del precio del petróleo, el incremento del riesgo país, y la debilitada imagen del Ejecutivo y Legislativo, complejiza mucho el escenario de la emergencia sanitaria y la crisis social, económica y política en el país, post COVID 19. Y es que la disyuntiva es compleja para el Gobierno: salvar la mayor cantidad de vidas o reactivar la economía en una pandemia con la cual, de acuerdo con las proyecciones globales, en doce a dieciocho meses debemos aprender a convivir con el virus y acoplarnos a una nueva realidad.

Bajo esta tensión del Gobierno se toman algunas decisiones que dificultan gestionar adecuadamente la emergencia sanitaria. Por ejemplo, el responsabilizar a los Gobiernos Autónomos Municipales la gestión de los cercos epidemiológicos y la semaforización para pasar del aislamiento al distanciamiento social, es una tarea difícil de cumplir si no cuentan con los recursos necesarios, información pertinente y el asesoramiento técnico adecuado.

Es importante recordar que para gestionar efectivamente la emergencia sanitaria se requiere basar la toma de decisión en evidencia científica. En este sentido, el rol de los institutos tecnológicos, universidades y centros de investigación es clave, por ello la reducción del presupuesto para las instituciones de educación superior supone un debilitamiento en esa producción de evidencia científica y un impacto directo en la economía de aproximadamente novecientos mil personas.

El Gobierno requiere establecer un proceso organizado y acordado con los diferentes niveles de gobierno para la gestión de emergencia sanitaria; y trabajar de manera paralela con varios sectores sociales, productivos, gremiales de trabajadores y de empresas privadas en un plan de reactivación productiva, que promueva una forma de desarrollo y una garantía efectiva de los derechos individuales y colectivos que nos asiste a todos y todas las ecuatorianas.

Si los riesgos son una construcción social, es una corresponsabilidad del Estado, la sociedad, el sector privado y la academia, reducir algunas vulnerabilidades y construir una nueva realidad, que sea más justa, equitativa y solidaria. Una realidad donde primen los derechos y no el privilegio, donde el discurso vaya más allá de la demagogia y la caridad, y donde el principio sea reducir los riesgos presentes y futuros con capacidad, conocimiento y conciencia.

Seguiremos aportando desde donde nos encontremos para hacer que este país cuente con modelos de desarrollo que dignifiquen la vida, la interculturalidad, la conservación de la naturaleza y la garantía de nuestros derechos. Se debe comprender con claridad que para gestionar los riesgos se requiere conocer y reconocer las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas en las que se configuran las emergencias, para así evitar de manera responsable los desastres.

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